Empresas mineras que desarrollan proyectos de cobre en Argentina han solicitado al gobierno nacional una extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), argumentando que el plazo actual de vigencia, que culmina el 8 de julio de 2026, es insuficiente para que varios emprendimientos logren adherirse y beneficiarse de este marco legal.
Durante la reciente Conferencia Internacional Argentina Cobre, realizada en la provincia de San Juan, los representantes de empresas con proyectos avanzados de exploración mostraron su preocupación por las restricciones temporales del régimen. Según indicaron, el carácter de los desarrollos de cobre, que necesitan años de investigación, evaluaciones de impacto ambiental, planificación de recursos financieros e infraestructura, no se ajusta al limitado período otorgado por el RIGI.
Uno de los principales proyectos en cuestión es Los Azules, liderado por McEwen Copper, que prevé una inversión total cercana a los 2.700 millones de dólares. Su vicepresidente, Michael Meding, advirtió que, pese a los esfuerzos realizados, el trámite para la incorporación al régimen aún no ha sido aprobado, en parte por los plazos administrativos y limitaciones temporales. Afirmó que muchos inversores son reticentes a seguir apostando por desarrollos sin certeza normativa a largo plazo, especialmente en contextos tan cambiantes como el argentino.
Desde Altar, uno de los destacados proyectos de la zona, se expresó una preocupación similar. Javier Robeto, uno de los directores, destacó que la mayoría de los proyectos de cobre, excepto algunas excepciones, podrían quedar fuera del sistema. Según sus declaraciones, “si la ventana del RIGI se cierra prematuramente, la viabilidad de los proyectos actuales se disminuye considerablemente”.
El RIGI, promovido por el gobierno como una sección del conjunto de cambios económicos, se creó para incentivar significativas inversiones a través de ventajas fiscales y aduaneras, proporcionando estabilidad fiscal durante 30 años, disminución de tasas impositivas, libre acceso a divisas y acceso a mecanismos de arbitraje internacional. No obstante, su implementación requiere que los proyectos puedan acogerse antes del plazo estipulado, lo cual no todos pueden asegurar.
San Juan se posiciona como la provincia más relevante en cuanto al desarrollo cuprífero, con iniciativas como Vicuña, Altar y Los Azules. La presión del sector privado apunta ahora a que el gobierno contemple una ampliación del régimen o bien habilite nuevas rondas de adhesión más allá de 2026.
La extracción de cobre se considera crucial para Argentina, debido no solo a su capacidad de exportación, sino también al papel cada vez más relevante del mineral en la transición energética global. Desde que cerró la mina La Alumbrera en 2018, el país no ha tenido producción activa de cobre, aunque se calcula que entre seis y ocho proyectos de primera categoría podrían comenzar a operar hacia finales de la década.
El objetivo oficial es multiplicar las exportaciones del sector, llevándolas de los niveles actuales a un rango estimado entre 7.000 y 12.000 millones de dólares anuales para 2032. Esto permitiría, además, duplicar los empleos directos e indirectos asociados a la minería, alcanzando cerca de 200.000 puestos de trabajo. No obstante, sin un marco regulatorio estable y con incentivos sostenidos, los actores del sector advierten que esas metas podrían volverse inalcanzables.
En paralelo, el gobierno ha avanzado en otros aspectos normativos, como la desburocratización de trámites mineros y la modernización del sistema de información geológica. Mediante un decreto reciente, se transfirieron competencias técnicas al Servicio Geológico Minero Argentino y se flexibilizaron requisitos que anteriormente ralentizaban la aprobación de inversiones.
A pesar de estos progresos, sigue habiendo inquietud por la carga tributaria. La Cámara Argentina de Empresas Mineras ha señalado que el incremento de regalías y otros impuestos podría desalentar a posibles inversores. Hoy en día, la presión fiscal efectiva en el sector es aproximadamente del 50 %, uno de los más elevados en el ámbito internacional.
La solicitud de las empresas mineras de cobre presenta un desafío para las decisiones gubernamentales: si el sistema no se expande, numerosos proyectos podrían quedar excluidos del entorno que asegura constancia y previsibilidad. Para los industriales del ámbito, esta elección podría ser crucial entre afianzar un nuevo periodo de crecimiento minero o perder la ocasión de colocar a Argentina como una figura importante en la industria mundial del cobre.
