El presidente Javier Milei ha manifestado el comienzo del proceso para privatizar Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la compañía estatal responsable de suministrar agua potable y sistemas de alcantarillado en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, comunicada por el portavoz presidencial Manuel Adorni, es parte de un proyecto gubernamental más extenso destinado a disminuir la dimensión del Estado y trasladar empresas públicas al ámbito privado.
Detalles de la privatización
De acuerdo con el plan propuesto, el Estado cederá el 90% de las acciones de AySA al sector privado, manteniendo el 10% restante en posesión de los trabajadores de la compañía mediante un programa de propiedad compartida. Adorni sostuvo que esta privatización facilitará la modernización del sector y elevará la calidad del servicio, mencionando como motivos la urgencia de disminuir el gasto estatal y optimizar la eficiencia en las operaciones.
Situación económica de AySA
AySA ha enfrentado dificultades financieras en los últimos años. Entre 2006 y 2023, la empresa requirió inyecciones del Tesoro argentino que superaron los 13.400 millones de dólares. Además, la dotación de personal creció un 90% durante la gestión estatal, y el nivel de morosidad de los usuarios alcanzó el 16%, frente al 4% promedio registrado anteriormente. Estos indicadores han sido citados como justificación para la decisión de privatizar la empresa.
Opiniones y inquietudes
La venta de AySA al sector privado ha suscitado múltiples opiniones tanto en la comunidad como en el entorno político. Los sindicatos han manifestado inquietud debido a la potencial disminución de puestos laborales y la posible afectación en la calidad del servicio al estar en manos privadas. De igual manera, diversas entidades de la sociedad civil han señalado los peligros de que la disponibilidad de agua potable llegue a ser solo accesible para quienes puedan costearlo, en lugar de ser un derecho de todos.
Próximos pasos
El ejecutivo ha anunciado que el procedimiento de privatización se efectuará a través de una licitación pública tanto nacional como internacional para escoger a un operador estratégico. Asimismo, se considera la opción de realizar una oferta pública inicial para permitir que el capital de la compañía esté disponible para otros inversores. Se anticipa que este proceso se culminará en los próximos meses, con la meta de que la privatización se materialice antes de que termine el año 2026.
Esta acción forma parte de una estrategia más extensa del gobierno de Milei para disminuir el tamaño del Estado y pasar empresas públicas al ámbito privado. En meses recientes, se han privatizado otras compañías estatales, como la metalúrgica Impsa, vendida a la norteamericana Arc Energy, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), que provee gas y electricidad a nivel nacional.
