Reparto de las inversiones de INJUPEMP: guía para afiliados y jubilados

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en que la institución detalló sus inversiones en curso a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción de L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el informe difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la conformación de la cartera, especificando qué activos pertenecen al sector público y cuáles se relacionan con la banca comercial, centrando la mirada en Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se distribuyen las inversiones entre la banca pública y la privada dentro de la cartera de INJUPEMP?

El cuadro de inversiones de junio reporta un fondo global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en un documento escaneado de siete páginas, los montos presentados en este artículo corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir con nitidez.

Conforme a los totales del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes del total de títulos en esa misma moneda. Dicha proporción se obtiene a partir de los totales y no constituye un dato publicado oficialmente por el instituto.

¿Figuran entidades bancarias estatales dentro del portafolio de inversiones de INJUPEMP?

En las líneas legibles del registro no aparece ningún banco estatal, tales como Banadesa o Banhprovi. El Gobierno central figura como emisor por medio de la Secretaría de Finanzas, utilizando bonos gubernamentales de Honduras tanto en dólares como en lempiras.

Para comprender la cartera, resulta clave distinguir los elementos: los títulos públicos corresponden a obligaciones del Estado y no a colocaciones en entidades financieras. Por otro lado, las instituciones bancarias privadas actúan como emisoras de certificados de depósito, acciones, bonos y deuda subordinada. Asimismo, el conjunto abarca bonos empresariales, instrumentos estructurados y títulos accionarios de compañías ajenas al sector bancario.

En dólares, los bonos gubernamentales alcanzan los USD 67.2 millones de un total de USD 266.1 millones colocados en instrumentos financieros en moneda extranjera, lo que representa aproximadamente una cuarta parte. El saldo restante pertenece a diferentes entidades emisoras, destacando los certificados en dólares de Banco Atlántida.

¿En qué bancos privados tiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo en lempiras y en dólares, que ocupan la primera página del detalle.
• Ficohsa: tres certificados en lempiras, por L200 millones, L125 millones y L100 millones, además de instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: certificados de depósito y deuda subordinada.
• BAC Honduras: un certificado de depósito de L50 millones.
• Banrural: acciones por L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, deuda subordinada y acciones.
• Banco Lafise Honduras: instrumentos de deuda subordinada.

Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, además de una colocación en deuda subordinada valorada en L1.8 millones al 7.5 %. El documento no especifica si el certificado de BAC Honduras, pactado a un plazo de 360 días con un rédito del 7.75 % y cuyo vencimiento estaba fijado para el 27 de octubre de 2026, llegó a renovarse.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una porción menor dentro de la cartera de INJUPEMP, aunque han generado un notable interés entre los cotizantes. Según el informe, dicha cifra equivale al 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Adicionalmente, una nota al pie especifica que, al momento de divulgarse el reporte, los L900 millones seguían pendientes de colocación, sin detallar el rumbo de dichos fondos.

Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, mediante abonos semestrales a contar de junio de 2027. Dicha rentabilidad y su pauta de reparto facilitan una comprensión más cabal de los atributos de la colocación y del sitio que ocupa en el fondo patrimonial de la institución.

¿Quién vigila las inversiones en banca pública y privada?

Los cinco institutos públicos de previsión del país están bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que también supervisa a los bancos comerciales. La decisión de invertir corresponde a la junta directiva y al comité de inversiones de cada instituto, y la CNBS vigila que se cumplan los procesos de debida diligencia, sin decidir las inversiones.

La Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa, bajo la óptica de quien invierte, la prudencia con la que se ejecutan las transacciones. Si una colocación de fondos conlleva alteraciones en el patrimonio de una entidad bancaria, el visto bueno de la CNBS constituye un procedimiento independiente de la resolución del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el rol estatal y el de las instituciones financieras privadas dentro de las inversiones de INJUPEMP. Los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan la intervención pública, en tanto que siete entidades bancarias privadas participan mediante diversos mecanismos financieros. Cabe destacar que en la documentación analizada no se registra la presencia de ningún banco del Estado.

Monitorear el rumbo de dichos activos también exige vigilar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP posibilita examinar las cantidades, los emisores y los rasgos de las colocaciones, además de incluir las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a esto, los montos no permanecen estáticos: los plazos cumplidos y los nuevos movimientos alteran la cartera, por lo que resulta fundamental considerar la fecha de corte para comprender y contrastar las cifras debidamente.

Para aquellas entidades bancarias integradas en este ecosistema, comprender sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los agentes implicados en la industria. Con este propósito, resulta factible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, un conglomerado de banca y seguros con operaciones en varios países de la región centroamericana.